Prisión Provisional

La pena de prisión es la condena más grave que se puede llegar a imponer en la actualidad en este país, la cual reduce al mínimo la libertad inherente a todas las personas. Esta pena solo puede imponerse tras un Juicio con todas las garantías y siempre que se haya probado la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable (presunción de inocencia).

Sin embargo, es conocido por todos que, como media cautelar, el Juez puede acordar la medida de prisión provisional antes de la celebración del Juicio, con los perjuicios que ello puede ocasionar para el investigado si finalmente resulta absuelto. Por eso, en este artículo te explicamos cuales son los requisitos para la imposición de esta medida provisional y la repercusión de la misma una vez se ha enjuiciado el asunto.

A QUE DELITOS SE APLICA

En principio se puede aplicar a todos los tipos delictivos, lo relevante es la pena que finalmente pudiera llegar a imponerse al investigado, así:

  • Los Delitos Leves, por su naturaleza no conllevan nunca una pena de prisión, por lo que RESULTA IMPOSIBLE SU APLICACIÓN.
  • En los demás delitos, dependerá de si la pena máxima prevista en el Código es superior o inferior a los 2 años de prisión (puesto que si finalmente resultara condenado es previsible que la pena acabe suspendiéndose):
    • Penas superiores a 2 años de prisión: ES POSIBLE ACORDARLA en función de los restantes requisitos
    • Penas inferiores a los 2 años: NO ES POSIBLE, salvo en casos de reincidencia, en cuyo caso se tendrán en cuenta los antecedentes penales del investigado.

EN QUE MOMENTO SE PUEDE ACORDAR

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no establece un momento único para acordar o revocar la prisión provisional, sino que se puede solicitar a lo largo de todo el procedimiento por cualquiera de las acusaciones, siempre que existan motivos para su adopción. El procedimiento es el siguiente:

  • Solicitud de alguna de las acusaciones interesando esta medida, ya sea el Ministerio Fiscal o la Acusación Particular. En ningún caso puede el Juez adoptar dicha medida si ninguna de las partes lo solicita.
  • Se deberá realizar una vista, con presencia del Juez, las acusaciones, el abogado del investigado y del propio investigado donde se solicitará de forma oral y motivada la adopción de esta medida. El investigado tendrá derecho a la última palabra.
  • La resolución del Juez es recurrible ante el propio Juez (Recurso de Reforma) o ante su superior jerárquico (Recurso de Apelación).

No obstante, el momento más habitual para la adopción de esta medida es precisamente cuando los agentes de Policía ponen a disposición del Juzgado a una persona detenida, y el Juez de Instrucción debe decidir si ponerlo en libertad o transformar la detención policial en prisión provisional.

PRUEBAS EN CONTRA ¿PRESUNCIÓN DE INOCENCIA? ¿JUICIO ANTICIPADO?

Efectivamente nos encontramos ante una decisión que se suele plantear al inicio de la causa por lo que el Juez tiene una visión precoz y parcial de los elementos probatorios puedan llegar a aparecer a lo largo de toda la causa. La decisión del Juez no se fundamenta en auténticas pruebas (que serán las que se desarrollen en el Juicio) sino en indicios que ha de valorar de forma prudente antes de hacer de tomar la decisión. En este sentido la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece:

  • No se adoptará, en ningún caso, cuando se infiera racionalmente que:
    • El hecho investigado NO ES DELITO
    • El delito se cometió concurriendo alguna CAUSA DE JUSTIFICACIÓN (por ejemplo, la legitima defensa)
  • Solo podrá ser decretada cuando aparezcan MOTIVOS BASTANTES para creer criminalmente responsable al investigado.

Como decimos, es una decisión provisional en función de los indicios que tiene a su disposición el Juez y que puede ser variada en función de nueva prueba que aporte la defensa o por su superior jerárquico (la Audiencia Provincial correspondiente).

MOTIVOS PARA SU APLICACIÓN

En ningún caso puede imponerse la prisión provisional como un adelantamiento de la pena que se llegara a imponer en un futuro Juicio, pues ello atentaría contra los principios de nuestra Constitución y los Derechos Humanos.

Por ello la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como requisitos que se acredite la existencia de un RIESGO al poner en libertad al investigado que solo puede ser paliado con esta medida tan restrictiva. Estos riesgos solo pueden ser los siguientes:

  • RIESGO DE FUGA. Se pretende asegurar la presencia física del investigado en el futuro juicio. Una mayor pena implica un mayor riesgo de fuga. Sin embargo, acreditar arraigo laboral y familiar en el territorio disminuyen dicho riesgo.
  • RIESGO DE REITERACIÓN DELICTIVA. Se valorará especialmente si el hecho investigado se hace dentro de una organización criminal o se hace de forma habitual.
  • RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE PRUEBA. Incluye también la ocultación o alteración de pruebas. Tiene que ser un riesgo para un medio probatorio concreto. Se establece el límite máximo de 6 meses de internamiento por este riesgo, al entender suficiente este periodo para asegurar la prueba.
  • RIESGO PARA LA VÍCTIMA. Únicamente contra las personas incluidas dentro de los supuestos de Violencia de Género y Violencia Doméstica.

SUBSIDIARIEDAD

Esta medida solamente se puede acordar si no existe otra medida menos restrictiva que sea suficiente para evitar los riesgos antes enunciados, debe realizarse un juicio de proporcionalidad y necesidad que revelen que la única forma de garantizar que no se producen estos riesgos es el internamiento del investigado en prisión. Entre estas otras medidas encontramos:

  • LIBERTAD BAJO FIANZA. El Juez posibilita la evitación de la prisión si se presta fianza suficiente. Este importe solo sirve para asegurar que el investigado acudirá al Juicio, y en caso de fugarse perderá dicho importe.
  • COMPARECENCIAS ANTE EL JUZGADO. Consistente en ir a sellar de forma periódica al Juzgado del domicilio del investigado, pudiendo establecerse de forma semanal, entre otros.
  • MEDIDA DE ALEJAMIENTO/PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN A LA VÍCTIMA
  • RETIRADA DEL PASAPORTE o prohibición de abandonar el país.

CONSECUENCIAS TRAS LA SENTENCIA

Una vez tengamos Sentencia y esta sea firme, de haber estado en prisión provisional, podemos encontrarnos ante 2 situaciones:

  • CONDENA: En este caso se hace liquidación de condena, restando como ya cumplido el periodo que el condenado ha estado en situación de prisión provisional.
  • ABSOLUCIÓN:  No se estable ningún tipo de compensación/indemnización para el que ha estado privado provisionalmente de libertad y finalmente ha resultado absuelto.
    • Excepcionalmente, cuando la absolución no sea simplemente por falta de pruebas, puede iniciarse un procedimiento administrativo de Reclamación Patrimonial por funcionamiento normal o anormal de la Administración.

A modo de conclusión, la medida prisión provisional, sin perjuicio de las semejanzas a la pena de prisión, se fundamenta en unos motivos muy distintos, no suponiendo un adelantamiento de una futura condena. Sin embargo, de facto, el investigado se ve privado de su libertad en igual o incluso peor (al no poder beneficiarse de permisos penitenciarios o acceder al tercer grado) condiciones que un preso condenado, privación de libertad que en la mayoría de los supuestos no se llega a indemnizar, causando unos perjuicios irreparables para la vida del acusado que ha resultado absuelto.

En Barcelona, a 18 de febrero de 2020

KILIAN ÁLVAREZ SÁEZ