COVID-19

Desde el inicio del confinamiento por el COVID-19, hemos estado escuchando en los medios de comunicación como distintos ciudadanos se saltaban las restricciones del ESTADO DE ALARMA, dando lugar a una gran cantidad de denuncias/sanciones, e incluso en algunos supuestos habían llevado a la detención del infractor por un presunto delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. A fecha 5 de mayo, el Ministerio de Interior ha publicado un tweet donde se informa que la cifra de denuncias/sanción asciende a 836.726, y el número de detenidos asciende a 7.381 desde el inicio del estado de alarma.

Pero, ¿Qué conductas son sancionables penalmente como desobediencia o resistencia a la autoridad? Y, ¿Qué diferencias hay entre desobediencia y resistencia, o incluso atentado, contra la autoridad? Te lo explicamos:

ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD (ART. 550 CP)

Se castiga como reo de atentado los que cometan las conductas que a continuación se dirán, con una pena de 1 a 4 años de prisión y multa de 3 a 6 meses si va dirigido contra autoridad o sus agentes, o de 6 meses a 3 años en los demás casos.

  • AGRESIÓN FÍSICA. Cualquier golpe o acción que produce un resultado lesivo.
  • RESISTENCIA GRAVE, CON VIOLENCIA Y/O INTIMIDACIÓN. Se entiende que se está hablando de una resistencia activa.
  • ACOMETIMIENTO. Acto tendente a atacar a la autoridad, no requiriendo que efectivamente impacte o case lesiones (agresión), pudiendo deberse a la falta puntería del acusado o a que los agentes esquiven el golpe.

Existen modalidades agravadas de este delito, dependiendo de los medios utilizados por el autor (armas, explosivos, líquido inflamable, incluso un vehículo a motor) o si se realiza dentro de un centro penitenciario como parte de un motín.

Este delito se expande también a atentados contra miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios Docentes o Sanitarios, personal de seguridad privada bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, e incluso personal de socorro o bomberos.

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD (ART. 556 CP)

Se castiga por este precepto la resistencia no castigada en el apartado anterior, con una pena de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses. Estamos hablando de actos de:

  • RESISTENCIA ACTIVA NO GRAVE. Estamos hablando de conductas que no tienen un resultado grave, tales como resistirse a la detención, o intentar huir empujando a los agentes.
  • RESISTENCIA PASIVA GRAVE. Se trata de la falta de acción del sujeto, es decir resistirse al ejercicio de la autoridad, sin moverse (por ejemplo) dando lugar a una grave alteración, teniendo que ser esta actitud contundente y persistente.

DESOBEDIENCIA GRAVE A LA AUTORIDAD (ART. 556 CP)

En el mismo precepto que la anterior conducta, y con la misma pena, también se castiga los actos de desobediencia a las órdenes realizadas por la autoridad, precisándose que concurran los 2 siguientes presupuestos

  • ORDEN O MANDATO DE LOS AGENTES DE AUTORIDAD
    • Requerimiento expreso y claro de forma que el particular pueda comprenderlo
    • Suficiente precisa y concreta, tanto en relación a las personas que va dirigida como en la conducta que manda realizar
    • Que sea dictada por los agentes en el ejercicio de sus funciones
    • Cuyo contenido no sea imposible, ilógico o contrario a derechos fundamentales
  • VOLUNTAD MANIFIESTA DE DESOBEDECER
    • Resolución final y contundente de no cumplir la orden
    • No requiere una pluralidad de requerimientos e incumplimientos, sino simplemente que quede de manifiesto de forma clara la voluntad de no cumplirlo
    • Independientemente de que, con posterioridad, se realice la conducta ordenada

FALTA DE RESPETO A LA AUTORIDAD (ART. 556.2 CP)

Finalmente se castiga como Delito Leve, los actos de FALTA DE RESPETO y/o CONSIDERACIÓN DEBIDA a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, con una pena de multa de 1 a 3 meses.

No en cambio a los agentes de la autoridad (funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad), quedando restringido a los miembros de las Cortes, Parlamentos Autonómicos, Parlamento Europeo y Ministerio Fiscal.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

Las restantes conductas que quedan fuera del ámbito del Derecho Penal pueden ser sancionadas administrativamente (multa), como en este caso por la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana). En concreto:

  • DESOBEDIENCIA PASIVA LEVE
  • FALTA DE RESPETO Y CONSIDERACIÓN A LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD

VALORACIÓN EN SUPUESTOS LÍMITES

Sin perjuicio de existir una cierta delimitación clara entre uno y otros supuestos, la variedad de conductas que se originan en la vida real, hace necesario una serie de criterios para determinar si nos encontramos ante un presupuesto u otro. Así para valorar la gravedad de la acción cometida se valora por los tribunales:

  • LA PROPIA ENTIDAD DE LA CONDUCTA. Supuestos de escasa relevancia de los hechos, o incluso de la poca eficacia para resistirse a la autoridad.
  • LUGAR DE LA ACTUACIÓN. Por ejemplo, en el interior de dependencias policiales, donde resulta prácticamente imposible ejercer una resistencia eficaz.
  • REDACCIÓN CONCRETA CLARA EN EL ATESTADO DE LA SITUACIÓN. Una descripción vaga, o meramente alegar que se resistió a la detención, no es suficiente para valorar la comisión o no del delito.
  • EL BIEN PÚBLICO QUE LOS AGENTES PRETENDEN SALVAGUARDAR. Ya sea un acto de resistencia o desobediencia es preciso analizar la afectación a los derechos colectivos la reticencia a cumplir una orden, y la trascendencia social que ello puede tener.

Esperamos que este artículo te haya ayudado, futuro lector, a comprender las diferencias entre unas y otras figuras, y en caso de precisar ayuda legal al respecto, ¡no dudes en contactar con nosotros!

En Barcelona, a 7 de mayo de 2020

Kilian Álvarez Sáez